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Modern-times

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Veranes - Gijón

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Villa romana
Rosario

Rosario

Museo de Paraná y sus islas del pintor argentino Raúl Domínguez. Recreación Pulpería isleña.
 

VISA PARA UN SUEÑO"

un programa de emociones, de viajes y de sueños dedicado a los inmigrantes en la Argentina

FM 88.9 Radio Gran Rosario, Argentina

por internet:

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Sábados de 12 a 13 (hora Argentina)

17 a 18 (hora España-verano)

16 a 17 (invierno)

T. 54 341 4242769 - 4211059

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EE.UU.

¿Y SI DEJAN GUANTÁNAMO PARA POLÍTICOS MENDACES Y CORRUPTOS?.

       Leemos en "El Mundo" que un grupo de senadores encabezados por el ex candidato a la presidencia por el partido Republicano, John McCain, promueven un proyecto de ley para mantener abierto el penal de Guantánamo y que se traduciría en el aumento de las restricciones contra los presos de Guantánamo. El propio McCain defiende el proyecto ya que la considera como "una legislación muy necesaria que mejoraría nuestro sistema de detenciones militares para miembros de Al Qaeda y grupos terroristas afiliados". También se prohibiría el desembolso de fondos para construir un penal alternativo en territorio continental norteamericano que habría de acoger a los presos del penal cubano como se pretende desde la presidencia del país. Se  reafirma el recurso a los tribunales militares para juzgar a los presuntos terroristas y se imponen restricciones sobre la transferencia de detenidos a otros países. También se incluyen cláusulas relacionadas con la rehabilitación y reinserción civil de los detenidos "para que no regresen al campo de batalla", aunque visto el trato y vejaciones a que pudieron haber estado sometidos en Guantánamo nos tememos que las posteriores medidas de reinserción poca utilidad práctica van a lograr; y es que el senador republicano Saxby Chambliss parece extrañarse que alrededor del 25% de los presos de Guantánamo que ya han sido liberados regresan al campo de batalla, por lo que piensa que "debemos actuar con seriedad para minimizar la amenaza que los detenidos suponen para la seguridad nacional". ¿Alguien se ha preocupado por conocer el peligro que supone para la seguridad nacional, para la integridad de los ciudadanos norteamericanos que viajen fuera de su país, este tipo de iniciativas políticas?. Quizás debieran cambiar de vez en cuando de canal televisivo y dejar por un momento de ver "La casa de la pradera" con "obras y milagros" de la familia perfecta de los Ingalls para asomarse a alguna otra cadena algo más objetiva en la que puedan ver la realidad de los sentimientos de odio que genera en grandes partes del mundo su país. Reafirman el derecho a detener a miembros de Al Qaeda, los talibanes -a quienes ellos armaron y adiestraron- y demás grupos terroristas -suponemos que no se referirán a grupos paramilitares formados con su auspicio- y exigen que desde el Pentágono se informe al Congreso sobre los procedimientos a usar para determinar el status de los detenidos. Apoyan una "acción letal" contra el terrorista Anwar al-Awlaki, vinculado con el ataque a For Hood que dejó un reguero de 13 víctimas mortales y también con el intento de voladura de un avión con 300 pasajeros sobre Detroit en 2009. El pasado miércoles varios líderes republicanos habían presentado una medida similar en la Cámara de Representantes por lo que ahora ambas iniciativas deberán ser sometidas a votación y armonizadas y votadas como un solo texto definitivo para convertirse en ley.

LATINOAMÉRICA.

LA DIFÍCIL TAREA DE RECONSTRUIR EL PASADO.

         Leemos de "El Mundo" que tras una denuncia realizada por un ciudadano en el estado de Tamaulipas las autoridades mexicanas habrían descubierto un campamento levantado por "un grupo de la delincuencia organizada" cercano a la frontera con EE.UU.  Durante el asalto de los militares al mismo resultaban muertos ocho de los narcoterroristas, además de haber sido apresados otros nueve; las autoridades justificaban la acción militar como respuesta a la agresión que sufrieron de parte del grupo delictivo al verse sorprendidos. Entre los detenidos, uno de ellos afirmaba haber estado secuestrado en el campamento. Tras el operativo fueron decomisados más de 150 kilos de marihuana además de un cuatrimotor y armamento, municiones, ropa de camuflaje y chalecos antibalas.

         ¿Se imaginan la respuesta que nos habría de dar un delincuente de ser inquirido sobre la posibilidad de ser juzgado por su delito? ¿y alguien se extrañaría de su elección?. Pues bien, leemos en "El País" que el ejército de Brasil se opone a la creación de una Comisión de la Verdad, bueno….. ¿y eso es noticia?, lo extraño, lo anómalo sería la postura contraria. ¿Quién tiraría piedras contra su tejado o el de sus compañeros de "profesión"?. Y es que Brasil es el único país latinoamericano que no ha puesto sobre la tribuna judicial los excesos -muertes y torturas- que se produjeron durante la dictadura militar. Pero la presidenta Dilma Rousseff, una de las que han sufrido en carnes propias los excesos de la sinrazón de los militares se ha puesto del lado de los familiares de los desaparecidos para que puedan encontrar los restos de los suyos y ha dado su apoyo para que se apuren todos los hechos. Aquella ley de punto final, camuflada como "Ley de Amnistía" perdonaba las atrocidades realizadas por ambos bandos durante el gobierno militar con lo que se ponía a la misma altura la lucha por las libertades y la represión de la sinrazón  ¡ver para creer!.

        Desde una parte del Partido de los Trabajadores, principal formación que sustentó el gobierno de Lula da Silva como hace ahora con Dilma Rousseff, se denunciaba esa ley alegando que se trataba de crímenes que no prescribían. La Comisión de la Verdad que apoya la presidenta no pretende dirimir esa faceta del pasado -como en España esperarán a que se vayan muriendo los descendientes directos de los represaliados para que el tema sin más entre en el terreno del olvido total-  sino simplemente esclarecer todos los hechos acaecidos en aquella etapa tan oscura de la reciente historia brasileña. Se quiere "hacer justicia a la historia" ¿por qué este tipo de juicios pocas veces se lleva a cabo en un tribunal? Hagamos justicia histórica con excesos de hace uno, tres, cinco, diez, veinte….. siglos, pero dejemos que la justicia lleve a cabo su labor cuando los responsables de delitos tan graves siguen vivos. A la Historia no se la juzga, se la estudia, se la analiza y se intentan poner las cosas en su sitio, llamar a los sucesos por su nombre.

         Por su parte en las Fuerzas Armadas se teme que dicha comisión pueda acabar pidiendo la revisión de la Ley de Amnistía, sancionada por el Tribunal Supremo Federal y para que las autoridades civiles conozcan sus "inquietudes" han redactado un documento que han remitido al ministro de defensa, Nelson Jobim, al que se hacen llegar sus temores y preocupaciones. Alegan que la creación de la Comisión sólo serviría para "provocar tensiones -al menos ante los delincuentes que tienen vergüenzas que tapar- y serias desavenencias al traer a discusión hechos ya superados -claro, superados por quienes estuvieron en el bando torturador-". Están convencidos que la medida abrirá "una herida en la conciencia nacional" -para eso sugieren olvidar las heridas reales producidas a los presos políticos- y promoverá "revanchas poíticas", y de eso ellos y sus colaboradores saben mucho, que se dejaron llevar por la "pasión" de las revanchas políticas sin freno. Sugieren que en caso de que no se consiga para la idea de crear esa  Comisión de la Verdad, que el personal militar sea convocado en calidad de invitados y no citados a declarar (proponemos que los lleven en calidad de invitados a los principales museos del país y que a los tribunales acudan en su calidad de dirigentes o colaboradores de la dictadura). Piden que se investiguen los casos de terrorismo y ajusticiamientos realizados dentro de los  grupos de izquierdas de aquel momento y el fin del anonimato para quienes entreguen voluntariamente documentos secretos de aquel tiempo. ¿Pedirán que a estos colaboradores les pinten una diana en el cuerpo por si a alguien le da por acabar de forma tajante con quienes ayudan a "reabrir heridas en la conciencia nacional". A la espera de una respuesta oficial presidencial los analistas están convencidos que la misiva castrense no logrará paralizar un proyecto en el que Dilma se ha comprometido de forma especial. ¿Pedirán ahora los presos en las cárceles del país una ley de amnistía que los deje en la calle para no colaborar a mantener abiertas heridas en la conciencia nacional"?.

ESPAÑA.

ALIMENTAR  LA CUENTA BANCARIA.

      La Guardia Civil procedía este jueves pasado a la incautación de un camión de alimentos excedentes de la Unión Europea destinados a los sectores más necesitados de la población de Extremadura; siempre hay algún mal nacido que no tiene escrúpulos para aprovecharse de las necesidades del prójimo. Este tráfico ilegal, como nos cuentan en "El Mundo" era destinado a dos empresas mercantiles con ánimo de lucro y que a su vez se dedicaban a prestar servicios de alimentación a una quincena de ayuntamientos de la provincia que distribuían la mercancía entre centros de mayores, centros de día, guarderías, pisos tutelados por los que las empresas "Red de Servicios Sociales" y "Dia" recibían una contraprestación económica, todavía sin determinar. Las empresas estarían vinculadas al socialista Carlos Macías Martínez, ex coordinador de Cruz Roja en la comunidad autónoma. Parece ser que algunos ayuntamientos habrían rescindido en los últimos meses su relación con las dos empresas debido a las deudas salariales que mantenían con sus empleados y a que mantenían deudas importantes con la Seguridad Social.

EUROPA.

         El Parlamento Europeo, según leemos en "El Mundo", ha aprobado por amplia mayoría una resolución que insta a sus "Veintisiete" miembros a establecer relaciones con los rebeldes libios y a no descartar ninguna acción con vistas a proteger a la población civil de ataques a gran escala, como sería la declaración de una "zona de exclusión aérea" para poner fin a los bombardeos y ataques aéreos de la aviación leal al dictador con los insurgentes. Esta resolución consensuada por los grupos incide en la necesidad de que se cree el marco legal para cualquier intervención a partir de un mandato previo de Naciones Unidas, además de contar con el visto bueno y la "coordinación" con la Liga Árabe y la Unión Africa, organismos en los que están representando gobiernos no democráticos que también está reprimiendo con gran dureza los movimientos sociales de protestas que también han surgido en su territorio, situación que no parece preocupar a nuestros "solidarios" próceres paneuropeos. Se requiere a la alta representante de la UE, Catherine Ashton, para que sea la encargada del establecimiento de las relaciones con el opositor Consejo Nacional de Transición "con vistas a alentar el proceso hacia la democracia, asegurando que se aúnan el máximo de voces de la sociedad libia, incluidas las mujeres y las minorías". Se pide el fin "de forma inmediata" a lo que califican como "régimen dictatorial brutal" y la toma de toda acción necesaria para "aislar" al que ahora dicen se autodenomina "coronel" ¿por qué no manifestarían esta reserva y oposición hacia el dictador meses atrás.  ¡A perro flaco todo son pulgas!.

         La resolución aprobada con un inusitado alto respaldo, 584 votos a favor, 18 en contra y 18 abstenciones -quizás entre los votos afirmativos se encontraban el de representantes de algún partido gobernante en alguno de los estados miembros que hasta hace bien poco hacía gala de su buena amistad con el dictador ¡dime con quien andas…..!- condenaba la sistemática violación de los derechos fundamentales contra los manifestantes y periodistas -como si antes de comenzar la sublevación no se produjeran igualmente- y se lanzaba un pedido a la comunidad internacional con vistas a tomar medidas para "prevenir más muertes" y permitir una transición pacífica hacia a la democracia. Quizás el llamamiento sea tenido en cuenta por los ministros de Defensa de la OTAN que se reúnen en Bruselas para analizar las opciones de una posible intervención militar en el país norteafricano.

ARGENTINA.

¡UY, PERDÓN, ME OLVIDÉ!.

        Normalmente el paso de una dictadura a la democracia, si se lleva a cabo de forma pacífica, se realiza sobre unos preceptos legales y un compromiso por parte de la hasta entonces oposición que protegerán a los responsables del anterior sistema de privación de las libertades y a sus colaboradores de rendir cuentas por los excesos cometidos durante el período de ausencia de democracia. Algunas veces las nuevas democracias desmontan todo ese tinglado para pedir cuentas a quienes turbaron la pacífica convivencia en el país y exigen responsabilidades. Algunos países latinoamericanos han avanzado por este camino aunque las responsabilidades sólo se han exigido a las cabezas visibles, a los principales responsables del período de anormalidad política que ha vivido el país mientras que en su gran parte sus colaboradores, que también han contribuido en gran medida a consolidar el aparato represor del Estado, continúan en sus cargos. Algunos gobernantes ya en el período democrático optan por "blindar" de la exigencia de responsabilidades mediante la puesta en marcha de "leyes de punto final", situación que en su momento se generalizó en Latinoamérica, aunque algunas de ellas fueron posteriormente derogadas de forma que los máximos responsables de la dictadura han acabado rindiendo cuentas ante la justicia, es, por ejemplo, el caso de Argentina y Chile. En otros casos se ha preferido guardar un vergonzoso silencio, al que han contribuido por igual los herederos de la dictadura como los legatarios de los movimientos opositores del período, para montarse la falacia de una transición pacífica y modélica levantada realmente sobre miles de cadáveres que todavía esperan que se disipe la vergonzosa nube de olvido de quienes un día perdieron arbitrariamente la vida en defensa de un sistema democrático; es el caso de España.

       Pero en la mayoría de casos los estamentos militar y policial, sin comportamientos democráticos y susceptibles de intentar nuevas "aventuras" golpistas, y los jueces, que muchas veces con sus sentencias siguen contribuyendo a desestabilizar la vida pública del país; por ello es importante que los órganos de control de los jueces funcionen con suma escrupulosidad para "limpiar" de "malas yerbas" la magistratura. Leemos en "El Mundo" que en esta ocasión un juez ha sido destituido "por mal desempeño de sus funciones" al no haber investigado las violaciones de la dictadura. Su nombre, Luis Miret, su delito, omitir durante las tramitación de los casos que caían en sus manos relacionados con los excesos cometidos durante el período dictatorial, la investigación de las denuncias formuladas por violaciones de los derechos humanos. Además de perder sus beneficios de jubilación, el Consejo de la Magistratura lo ha puesto a disposición de la justicia federal de la provincia de Mendoza donde había desempeñado su carrera judicial. En el Consejo de la Magistratura, compuesto por dos jueces, cuatro legisladores y un abogado acordaba por unanimidad destituirle por tres de los cinco casos en que estaba imputado. En 1976 este juez expulsado había omitido investigar las torturas, vejaciones y robos que se habían cometido sobre varios dirigentes sindicales detenidos ilegalmente por la dictadura pese a que, como juez instructor, debiera haber llevado a cabo las oportunas investigaciones, cosa que no cumplió por lo que se el Consejo consideró que su conducta había sido incompatible con el ejercicio de la magistratura.


 

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